He extraído un resumen publicado en un informe de Greenpeace ("Situación de la costa de canarias 2007"), a mi parecer muy aclaratorio de la trama de las Teresitas. Y dado que vuelve el tema con fuerza en los medios de comunicación de Tenerife, y a veces uno se pierde con los artículos de prensa, lo voy a poner por aquí a modo de recordatorio.
"La Fiscalía Anticorrupción de Tenerife investiga la operación urbanística llevada a cabo en Las Teresitas (Santa Cruz de Tenerife)que habría permitido a sus promotores ganar 119 millones de euros en un tiempo récord con enormes perjuicios económicos para las arcas municipales. La querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción ha imputado a 11 personas por este caso.
Tres días antes de conocerse una sentencia del TSJC, de 29 de junio de 1988, que permitía edificar en la zona de Las Teresitas, la inmobiliaria Inversiones Las Teresitas, S.L. compró unos terrenos valorados en 30 millones de euros para realizar edificaciones turísticas frente a la playa del mismo nombre. El suelo comprado pertenecía a 102 propietarios de 155 fincas, agrupados en una Junta de Compensación, situadas en el Valle de Huertas.
Posteriormente, la empresa vendió un tercio del suelo al Ayuntamiento de Santa Cruz por un importe de 52,59 millones de euros a pesar de que existía un acuerdo del consistorio para no pagar por estos terrenos, obteniendo, además, la recalificación del resto. Más tarde, la promotora vendió a Mapfre Inversiones el 90% del suelo que le quedaba por un valor de 96 millones de euros, quedándose con el 10% de los terrenos (valorados en 10 millones) y 119 millones de euros de beneficio.
A comienzos de mayo se conocía una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nula la compra de Las Teresitas al considerar que la corporación municipal había pactado con los dos empresarios el precio de los terrenos antes de conocer su valor real. El Ayuntamiento de Santa Cruz tiene dos meses para ejecutar la sentencia y recuperar los 52,59 millones de euros que pagó por el frente de Las Teresitas.
El 24 de junio de 1988, se constituía la empresa Inversiones Las Teresitas, S.L., siendo uno de sus consejeros Ignacio González Martín, que también lo era de Cajacanarias. El otro socio era Antonio Plasencia, uno de los empresarios más conocidos de la isla.
Una semana antes de la constitución de esta empresa se abría una cuenta corriente en Cajacanarias a cargo de la sociedad, donde Felipe Armas Jerónimo y la Promotora Punta Larga, S.A. (propiedad de Antonio Plasencia) ingresaban 15 millones de pesetas cada uno. El ingreso de Armas Jerónimo se realizó mediante un cheque de la cuenta de Ignacio González.
El mismo día de constitución de la empresa, y sin figurar todavía en el Registro Mercantil, Inversiones Las Teresitas solicitaba a Cajacanarias un préstamo de 33,6 millones de euros. El único aval aportado por la empresa es el suelo que pretendía adquirir con ese dinero en Las Teresitas, y todo ello días antes de conocerse una sentencia del TSJC que permitía urbanizar los terrenos.
Un día después de la solicitud, Fernando Ramos, subdirector general de Negocio de la entidad bancaria, determinaba que la inversión era viable y el Comité de Inversiones aprobaba el préstamo. Junto a González Martín figuraba como parte del comité ejecutivo de Cajacanarias Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. La operación fue de tan dudosa viabilidad, que el Banco de España cuestionó la seguridad de la misma declarándola “de alto riego”. En esos mismos días, Felipe Armas vendía sus participaciones en Inversiones Las Teresitas a Promotora Victoria, S.L., sociedad formada por Ignacio González Martín y su esposa, Antonia Santiago González.
Una vez comprados los terrenos Inversiones Las Teresitas no podía hacer frente ni a los intereses del préstamo, a razón de 1,8 millones de euros al año, ni a la cuota anual, de 4,8 millones de euros, ya que la sociedad no realizaba ningún tipo de actividad. El informe de la Fiscalía señala que la empresa se encontraba en “una posición financiera de absoluta angustia y necesitaba salir de cualquier forma y con rapidez del atolladero en el que se encontraba”.
En enero de 2001, varios representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz firmaban un acuerdo con Inversiones Las Teresitas por el cual se adoptaba la decisión de que la única forma de adquisición de terrenos en el frente de la playa de Las Teresitas se realizaría a través de compensación de aprovechamientos urbanísticos.
A pesar de este acuerdo escrito, el 18 de septiembre de 2001, Zerolo firma un convenio con Inversiones Las Teresitas para comprar un tercio de los terrenos por un valor de 52,59 millones de euros y recalificar el resto, 12.000 metros cuadrados, donde se pretendían construir seis hoteles y dos centros comerciales. El ayuntamiento hizo el pago del 65% de esta cantidad 24 días antes de que el Boletín Oficial de la Provincia publicara la aprobación del convenio urbanístico.
La Fiscalía señala lo incomprensible de esta actuación, ya que el consistorio podría haber adquirido los terrenos sin coste alguno mediante la compensación de aprovechamientos urbanísticos, según el convenio firmado en enero de ese año por los mismos representantes del ayuntamiento.También resalta que la cantidad acordada como primer pago se corresponda exactamente con la cifra adeudada por la promotora a Cajacanarias.
Parte de los terrenos adquiridos por el ayuntamiento se sitúa en la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre, lo que llevó al Ayuntamiento de Santa Cruz a solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la realización del deslinde de esta franja. La delimitación no comenzó hasta febrero de 2006 determinando que de los 109.420 metros cuadrados comprados por el ayuntamiento, 31.159 metros, una tercera parte, pertenecen al dominio público.
La denuncia interpuesta finaliza resumiendo todo el asunto: “Inversiones Las Teresitas ha conseguido quintuplicar el valor de su inversión sin haber realizado ningún tipo de trabajo en estas parcelas ni inversión posterior alguna que justificase la magnitud de sus beneficios y sin haber realizado ninguna compensación al municipio de Santa Cruz de Tenerife”."
"La Fiscalía Anticorrupción de Tenerife investiga la operación urbanística llevada a cabo en Las Teresitas (Santa Cruz de Tenerife)que habría permitido a sus promotores ganar 119 millones de euros en un tiempo récord con enormes perjuicios económicos para las arcas municipales. La querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción ha imputado a 11 personas por este caso.
Tres días antes de conocerse una sentencia del TSJC, de 29 de junio de 1988, que permitía edificar en la zona de Las Teresitas, la inmobiliaria Inversiones Las Teresitas, S.L. compró unos terrenos valorados en 30 millones de euros para realizar edificaciones turísticas frente a la playa del mismo nombre. El suelo comprado pertenecía a 102 propietarios de 155 fincas, agrupados en una Junta de Compensación, situadas en el Valle de Huertas.
Posteriormente, la empresa vendió un tercio del suelo al Ayuntamiento de Santa Cruz por un importe de 52,59 millones de euros a pesar de que existía un acuerdo del consistorio para no pagar por estos terrenos, obteniendo, además, la recalificación del resto. Más tarde, la promotora vendió a Mapfre Inversiones el 90% del suelo que le quedaba por un valor de 96 millones de euros, quedándose con el 10% de los terrenos (valorados en 10 millones) y 119 millones de euros de beneficio.
A comienzos de mayo se conocía una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nula la compra de Las Teresitas al considerar que la corporación municipal había pactado con los dos empresarios el precio de los terrenos antes de conocer su valor real. El Ayuntamiento de Santa Cruz tiene dos meses para ejecutar la sentencia y recuperar los 52,59 millones de euros que pagó por el frente de Las Teresitas.
El 24 de junio de 1988, se constituía la empresa Inversiones Las Teresitas, S.L., siendo uno de sus consejeros Ignacio González Martín, que también lo era de Cajacanarias. El otro socio era Antonio Plasencia, uno de los empresarios más conocidos de la isla.
Una semana antes de la constitución de esta empresa se abría una cuenta corriente en Cajacanarias a cargo de la sociedad, donde Felipe Armas Jerónimo y la Promotora Punta Larga, S.A. (propiedad de Antonio Plasencia) ingresaban 15 millones de pesetas cada uno. El ingreso de Armas Jerónimo se realizó mediante un cheque de la cuenta de Ignacio González.
El mismo día de constitución de la empresa, y sin figurar todavía en el Registro Mercantil, Inversiones Las Teresitas solicitaba a Cajacanarias un préstamo de 33,6 millones de euros. El único aval aportado por la empresa es el suelo que pretendía adquirir con ese dinero en Las Teresitas, y todo ello días antes de conocerse una sentencia del TSJC que permitía urbanizar los terrenos.
Un día después de la solicitud, Fernando Ramos, subdirector general de Negocio de la entidad bancaria, determinaba que la inversión era viable y el Comité de Inversiones aprobaba el préstamo. Junto a González Martín figuraba como parte del comité ejecutivo de Cajacanarias Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. La operación fue de tan dudosa viabilidad, que el Banco de España cuestionó la seguridad de la misma declarándola “de alto riego”. En esos mismos días, Felipe Armas vendía sus participaciones en Inversiones Las Teresitas a Promotora Victoria, S.L., sociedad formada por Ignacio González Martín y su esposa, Antonia Santiago González.
Una vez comprados los terrenos Inversiones Las Teresitas no podía hacer frente ni a los intereses del préstamo, a razón de 1,8 millones de euros al año, ni a la cuota anual, de 4,8 millones de euros, ya que la sociedad no realizaba ningún tipo de actividad. El informe de la Fiscalía señala que la empresa se encontraba en “una posición financiera de absoluta angustia y necesitaba salir de cualquier forma y con rapidez del atolladero en el que se encontraba”.
En enero de 2001, varios representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz firmaban un acuerdo con Inversiones Las Teresitas por el cual se adoptaba la decisión de que la única forma de adquisición de terrenos en el frente de la playa de Las Teresitas se realizaría a través de compensación de aprovechamientos urbanísticos.
A pesar de este acuerdo escrito, el 18 de septiembre de 2001, Zerolo firma un convenio con Inversiones Las Teresitas para comprar un tercio de los terrenos por un valor de 52,59 millones de euros y recalificar el resto, 12.000 metros cuadrados, donde se pretendían construir seis hoteles y dos centros comerciales. El ayuntamiento hizo el pago del 65% de esta cantidad 24 días antes de que el Boletín Oficial de la Provincia publicara la aprobación del convenio urbanístico.
La Fiscalía señala lo incomprensible de esta actuación, ya que el consistorio podría haber adquirido los terrenos sin coste alguno mediante la compensación de aprovechamientos urbanísticos, según el convenio firmado en enero de ese año por los mismos representantes del ayuntamiento.También resalta que la cantidad acordada como primer pago se corresponda exactamente con la cifra adeudada por la promotora a Cajacanarias.
Parte de los terrenos adquiridos por el ayuntamiento se sitúa en la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre, lo que llevó al Ayuntamiento de Santa Cruz a solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la realización del deslinde de esta franja. La delimitación no comenzó hasta febrero de 2006 determinando que de los 109.420 metros cuadrados comprados por el ayuntamiento, 31.159 metros, una tercera parte, pertenecen al dominio público.
La denuncia interpuesta finaliza resumiendo todo el asunto: “Inversiones Las Teresitas ha conseguido quintuplicar el valor de su inversión sin haber realizado ningún tipo de trabajo en estas parcelas ni inversión posterior alguna que justificase la magnitud de sus beneficios y sin haber realizado ninguna compensación al municipio de Santa Cruz de Tenerife”."
1 comentario:
CAramba, que informe más completo. He respondido a tu comentario en mi blog acerca de la energía nuclear. Saludos desde Barcelona.
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